¡COLOMBIA, NO TE SIENTAS MAL… TU PUEDES!

Mierda, que el tiempo pasa. Faltan pocos días para firmar la Paz, en la Habana;  y aún  se degusta  ese sabor amargo de la guerra provocada por los alzados en armas en nuestro territorio  colombiano. Como siempre el pueblo Indígena, afrodescendientes, campesinos y defensores de los derechos humanos son los mayores afectados ya que quedan en medio del fuego cruzado de las balas; teniendo  que salir del conflicto abandonándolo todo; a refugiarse a las ciudades a lo largo y ancho del país y demás países hermanos. Todos los días llegan corrientes de desplazamientos forzosos a vivir otras guerras  la de  “sobrevivir” y la indiferencia.

Las personas que asumen la vinculación permanente en una ciudad como Bogotá, Son personas que al fin y al cabo cargan sobre sus hombros el estigma del desplazamiento, de la última alternativa que les dejó el conflicto en un dado caso y su pobreza es una especie de sofisma ya que la misma sociedad se encarga de garantizarles su sentido de pertenencia en un espacio abierto distante de la norma y del orden establecido.  Expulsados de un mundo y de un estilo de vida diferentes, se insertan en una lógica de supervivencia a través de actividades no formales, producto de la complejidad de un tejido social que los condena y los califica como desplazados y que responde a otra cosa que a  la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida digna. 

Los problemas sociales que emergen hoy por hoy en nuestra sociedad hacen que la calidad de vida de los sujetos que están inmersos en estos  diferentes escenarios, se vea afectada,  por ello propender elevar el sentido de lo humano es quizá un punto importante con la población que ha sido afectada debido a los conflictos en los que han estado inmersos y que en el transcurso de sus vidas están llenos de resentimientos y de odios internos, lo cual les ha imposibilitado el llevar una vida digna y en paz. 

Por lo anterior, se hace necesario citar aquí los laboratorios de paz, los cuales  surgen de la existencia en Colombia de amplios movimientos de participación ciudadana a favor de la paz que en algunas regiones del País han llegado a transformarse en laboratorios sociales donde se exploran, con los instrumentos propios del Estado de Derecho, caminos de diálogo y convivencia, mecanismos pacíficos de resistencia y protección de la población civil frente al conflicto armado. Con estas iniciativas, que surgen desde las organizaciones sociales de base, se intenta desactivar las causas detonantes del conflicto y propiciar un desarrollo socio-económico sostenible. 

Los anteriores aspectos conllevan a generar iniciativas conducentes a promover procesos de desarrollo para estas poblaciones, así como acciones que se dirijan a promover a su interior relaciones de convivencia, de reconocimiento de sus propias potencialidades, de reconciliación y perdón ante las situaciones que han tenido que vivir.  

Querer indagar sobre esas alternativas es un punto esencial de esta investigación, en tanto permite pensar en caminos alternos para alcanzar escenarios de paz y de convivencia; así como escenarios para que las poblaciones más vulnerables, víctimas de la violencia y el conflicto social, político y económico que vive el país. 

Se puede afirmar que la sociedad colombiana, signada por la venganza, los odios heredados, las ofensas recurrentes en la vida cotidiana personal, familiar, comunitaria social, valida no sin reticencias, las metodologías y las pedagogías que se pongan en práctica para alcanzar niveles de conciliación, reconciliación y perdón. También puede afirmarse, que así como se validan metodologías y pedagogías, para la reconciliación y el perdón, la resistencia a perdonar, a reconciliar es significativa.  

Se necesita ahondar sobre la profundidad de las heridas socioculturales y familiares, entre colombianos y colombianas para comprender la magnitud de la dificultad para alcanzar el perdón. No se alude aquí a las heridas producidas por el accionar político en la sociedad colombiana.

En el 2015,  cerca de 2000 colombianos que vivían en Venezuela. Muchos de ellos refugiados “porque habían escapado de la violencia”.  Fueron expulsados del país, por orden del mandatario Nicolás Maduro, señalándolos como los causantes del crimen organizado; crisis económica;  contrabando de extracción y fuga de productos de primera necesidad; y, de la inseguridad que vive Venezuela, por la permanencia de grupos paramilitares asalariados, secuela  del mandato del expresidente Álvaro Uribe.

También, en el 2015 aumentó la violencia contra aquellas personas que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales, mientras “la respuesta del Estado ha sido de encubrimiento” a las multinacionales, “que en ocasiones utilizan grupos paramilitares o que están ajenos al Estado de derecho para perpetuar estos abusos”.

Me motivo a escribir este artículo;  cuando me enteré  por medios de comunicación de un nuevo hecho de violación de los derechos humanos perpetrado por las FARC, al informar del ataque que dejó once soldados muertos en el Cauca por esta guerrilla;y al respecto, pensé; todo ese desgaste del proceso de paz en la Habana ¿para qué?

Ahora sale a escena EL ELN (Ejército de Liberación Nacional) después de haber sido repudiados hace un año; por los habitantes y condenados por las autoridades colombianas “como ratas humanas “por el acto de barbarie protagonizado; al exhibir como trofeo de guerra en un centro educativo, una de las piernas mutiladas  del suboficial del ejército Edward Ávila, quién fuera víctima durante la explosión de una mina, provocada por ellos mismos, el ELN.

Luego, para reivindicar su existencia  en el conflicto armado; Los “Elenos”  anunciaron un paro armado de 72 horas con motivo del 50 aniversario de la muerte del “cura guerrillero” Camilo Torres. Así, las cosas  esta guerrilla  en menos de una semana dinamito en dos tramos el principal oleoducto del país, después de atacar con explosivos una base militar y atentar en el noreste del país contra un grupo de policías, acción que dejo ocho uniformados heridos.

Como otro reto a superar; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el pasado enero, ordenó la búsqueda de los restos mortales del cura guerrillero Camilo Torres como gesto de acercamiento con esta organización, y, facilitar la apertura de un proceso de paz entre su Gobierno y el ELN, con quien mantiene “diálogos exploratorios” desde hace dos años.

El ELN no debe quedarse atrás ni a la expectativa en esta histórica negociación; viendo a las FARC en la Habana suscribir el capítulo final de una historia de conflicto en Colombia y  capitalizar políticamente con la firma del acuerdo de paz; un estatus político ante los demás países de organización beligerante mas no terrorista.

La guerrilla de Gabino no está dispuesta a subordinarse a las FARC pero cualquier cosa que el gobierno le dé al ELN se convierte automáticamente en el “piso” de la negociación en La Habana.

Al mismo tiempo, sin una negociación con LOS ELENOS,  el proceso con las FARC quedaría cojo. Y, para poner “Fin del Conflicto en Colombia”  el proceso tiene que ser uno solo. ”No puede haber dos modelos de dejación de armas, ni dos procesos de refrendación, ni dos ejercicios de esclarecimiento de la verdad”, dijo Santos. “Un proceso de paz debe ser integral en el que estén tanto las FARC como el ELN, es la mejor garantía para las víctimas y para el país de que este conflicto terminó para siempre y nunca más se vuelva a repetir”.

Las formalidades aplicadas en el proceso de paz, acuerdo de justicia entre el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC, nudo gordiano de las negociaciones para acabar con medio siglo de conflicto armado, son el blanco  de críticas por la ONG Amnistía Internacional (AI); y, el conflicto armado interno; Falsos Positivos; grupos guerrilleros como la organización guerrillera de los “Elenos”; paramilitares; actos como: la impunidad; el proceso de Restitución de Tierras; los Defensores de Derechos humanos; la violencia contra las mujeres y las niñas; y, la ayuda de los Estados Unidos, son los temas cruciales de Colombia en el último informe 2015 y 2016 de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.

LA PAZ ES UN  DERECHO IMPRESCRIPTIBLE DE LOS  PUEBLOS

Vivir en paz es un derecho sagrado e imprescriptible de cada persona y cada pueblo. La paz es patrimonio invaluable y general de la humanidad, principal premisa y condición del progreso.La puesta en práctica de los derechos sociales, económicos y políticos es posible solamente si se garantizan los derechos del hombre a la paz, a la vida.Cualquier atentado a este sagrado derecho —planear, preparar y desencadenar la guerra— es un crimen de lesa humanidad.

La constitución de 1991 fue considerada como un "tratado de paz" por los sectores políticos que participaron en su elaboración, luego de una década de violencia política y enfrentamientos armados no vistos desde la época de La Violencia 40 años atrás. Sin embargo, a pesar del pluralismo político logrado en la asamblea constituyente que discutió el nuevo texto, hecho sin precedentes, el fracaso de las negociaciones con los grupos guerrilleros que no participaron en la asamblea -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN-, y la ausencia de cambios significativos en los mecanismos de acceso a los espacios de representación pública y su funcionamiento, prolongaron una vez más la crisis política que venía desde finales de los años setenta.

Esos mecanismos continuaron amarrados al clientelismo y la corrupción, acompañadas ahora de una gran fragmentación de las agrupaciones políticas y de una abrumadora influencia de narcotraficantes en la actividad electoral (Entrevista C. González, febrero 8 del 2000). Así, si bien la nueva Constitución avanzó en la democratización de la vida pública y en la apertura de canales de participación ciudadana, la crisis de gobernabilidad casi permanente que siguió a su promulgación, pusieron en la agenda de discusión otra negociación entre gobierno y guerrilla (Zuluaga, 1999, pp. 321-326). El objetivo era intentar por fin una solución al enfrentamiento armado, con un elemento adicional, reducir el narcotráfico asociado con él. Esa negociación debería no sólo restituir los conflictos societales al terreno político, en reemplazo de su resolución por la vía militar, sino también hacerlo bajo unas reglas del juego nuevas y concertadas

Al respecto, existe en el ambiente político colombiano un implícito: el ciclo de violencia del que nos hallamos de nuevo presos no hace sino evidenciar una vez más nuestra incapacidad, como pueblo o como nación (según las preferencias políticas de quién hable), de civilizar nuestras costumbres. Somos una sociedad acechada constantemente por una barbarie que se piensa como inherente a nuestra identidad nacional.

MÁS ALLÁ DEL INDULTO Y LA AMNISTÍA

Como se observa de entrada, el territorio de la justicia transicional, a diferencia de lo que han sostenido algunos, es mucho más amplio que las simples medidas de amnistía e indulto, de larga tradición entre nosotros. Estas son fórmulas agotadas. Baste decir que el solo ambiente de discusión que se vive hoy en Colombia, dista mucho de lo que estaba sobre el tapete en 1991, en la época de la reintegración del M-19 y otros grupos.

Pero no es solo eso: los objetivos de la aplicación de una justicia de transición son radicalmente más avanzados. En efecto, a partir de la utilización de formas especiales de justicia, ellos se extienden al reconocimiento de las víctimas, la reconciliación y el afianzamiento de la justicia y el estado de derecho (De Greiff, Pablo. Justicia y Paz. Intermedio. 2009).

Las formas de justicia revisten diversas modalidades. Es cierto que frente a los delitos nucleares de carácter internacional hay obligaciones que pesan sobre los estados, las cuales incluyen investigar, juzgar y condenar a los responsables. Pero en el territorio de la pena se han abierto modalidades de amplio rango. Es en el cuánto y el cómo de la pena donde surge la discusión sobre la impunidad. Pero un criterio más adecuado sobre el concepto de impunidad exige situar la discusión también desde la perspectiva de las víctimas, esto es, desde la manera como se satisface el interés espiritual y materia de ellas, más que desde una discusión abstracta sobre la sanción de los responsables. “El interés justicia ha de ser complementado con los derechos de las víctimas (que) van mucho más allá de la persecución penal e incluyen, además del derecho a la justicia, los derechos a la verdad y reparación en sentido amplio” (Ambos, Kai. El Marco Jurídico de la Justicia de Transición. Temis. 2008).

De modo que no se puede olvidar algo central: justicia transicional es, en todo caso y por sobre todo, una forma de justicia. Una consecuencia de este último punto, aunque parezca una cacofonía, es que la justicia de transición es exactamente eso: justicia para la transición que implica la finalización del conflicto. No es el inicio de un eslabonamiento de perdones y olvidos infinito. Es un proceso para terminar un conflicto, no para adormilar a la sociedad en un ejercicio permanente de condescendencia. Los valores transicionales no buscan generar lenidad o complacencia en la sociedad. Todo lo contrario: su tejido íntimo no es tanto el tamaño del sapo, sino el “nunca jamás”.

UN ESPEJISMO CON CONSECUENCIAS

Aquí merece alguna consideración el Marco Jurídico para la Paz. Hay serios argumentos jurídicos que indican que es una norma ajustada a la Constitución. Pero hagamos solo una reflexión en un ejercicio de simple realismo. El criterio de selectividad es exactamente lo contrario de la pretendida impunidad. Eso de pretender juzgar a todos los guerrilleros sin consideración a su rango y sus delitos es una mentira piadosa, equivale a la vieja idea de “sacrificar un mundo para pulir un verso”. Según estadísticas recientes, en los procesos de Justicia y Paz se han denunciado cerca de 350.000 hechos. Tomando en consideración la productividad de fiscales y magistrados, estos procesos tomarían cerca de 99 años para finalizar con sentencias. Esa es la verdadera impunidad. En el caso de LAS FARC, las cifras son mucho mayores. Eliminar la selectividad en un proceso de conflicto que va para 50 años, es sencillamente garantizar un marco de impunidad para todos, o casi todos.

Ahora bien: también juega un papel la circunstancia de que en el caso colombiano, lo que tendríamos al frente es un proceso transicional de cara a la terminación de un conflicto armado. Recientemente, al examinar la matanza de Mosotes, la Corte Interamericana planteó, en un voto concurrente liderado por el magistrado García Sayán, una reflexión en ese sentido. Cómo modular la aplicación de la ley punitiva si la justicia transicional opera en un conflicto y para terminar un conflicto. El sistema de protección de derechos humanos no puede ser un obstáculo para conseguir la paz.

Reconocer las víctimas es mucho más que contar la verdad. Es también más que proveer una reparación económica. En varias de las experiencias de la Agencia para la Reintegración (que son semejantes a varios procesos exitosos en el extranjero), aflora un hecho. La reconciliación y el alivio provienen más del reconocimiento de las víctimas como portadoras concretas de derechos que les han sido violados intencionalmente, realizado por los victimarios, que de las medidas patrimoniales. LAS FARC han sostenido que ellos son las primeras víctimas. Es cierto que en Colombia hay un abigarrado escenario de fuentes de violencia, un entramado complejo de víctimas y victimarios. Es cierto que una Comisión de la Verdad debe nutrirse de todas las verdades. Pero un buen comienzo sería que las FARC reconocieran sus víctimas. Esta es una cuestión esencial e insoslayable.

Reconciliación no es perdón. De hecho, el auténtico perdón es una cuestión individual. El Estado no es el que juega el papel determinante en el perdón. Por el contrario, hay una “incompatibilidad del perdón con todo orden jurídico. No hay orden del perdón”. (Lefranc, Sandrine. Políticas del Perdón. Frónesis. 2004). La reconciliación se sitúa en el tejido social. En la recuperación de la confianza en que las expectativas que se derivan de las normas serán cumplidas. Es algo más ligado a la confianza cívica. Sus caminos son multifacéticos. No basta con que las FARC reconozcan sus víctimas. Hay que ir más lejos. La sociedad toda debe generar un entorno de respeto por los derechos de los demás, con o sin aparato judicial.

RESTABLECER LA CONFIANZA

Por fin, donde se observa con mayor intensidad que la ‘teoría del sapo’ es insuficiente, es en la tarea asignada a la justicia de transición en orden a robustecer el estado de derecho y a consolidar organismos normalizados de administración de justicia, tema que toca con la confianza cívica.

La confianza cívica tiene que ver con varias cosas: primero, la valoración comunitaria de la importancia de las normas que han sido violadas masivamente. En segundo término, el restablecimiento de la confianza en que estos acontecimientos no deben repetirse, que nadie debe permanecer indiferente. Tercero, que nadie está por encima de la ley. La cuestión no es tanto si se ‘paga un día de cárcel’, como lo piden muchos. Es mucho más que eso. Es el reconocimiento del poder del Estado y la proclamación de que los victimarios han obrado en contra de valores supremos de la humanidad.

Nada de lo dicho significa que el autor esté haciendo una predicción. Una cosa es la discusión sobre el marco ampliado de la justicia de transición, para que no se marchite en la discusión del tamaño del sapo, ni en la idea de que es una simple invocación de amnistías e indultos del pasado, y otra muy distinta asegurar que como fruto de las conversaciones de la Habana, los objetivos en el terreno de la justicia se van a lograr.

Pero, en todo caso, no es posible saber si uno va a llegar al final del camino si no empieza a caminar. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA HISTORIA  EN UN CONFLICTO?

El conocimiento del pasado puede darnos pautas para comprender el presente. Sobre este, como sobre tantos problemas teóricos de la historia, se han realizado largos e inacabados debates entre historiadores y filósofos. En este ensayo se acepta como eficaz la hipótesis de que conocer el origen y el desarrollo de un proceso es buen fundamento para explicarse una situación final. En el caso de la historia colombiana, se parte de la base de que al producirse la independencia nacional en 1810, para quienes tenían la responsabilidad de dirigir el nuevo país había cuatro problemas o retos fundamentales: 1. Dar una organización política al nuevo Estado; 2. Reorientar el proceso de la economía nacional; 3. Crear un sistema educativo y darle un nuevo contenido a la enseñanza; 4. Transformar una sociedad de castas heredadas de la época colonial en una sociedad de ciudadanos en sentido moderno. Dentro de una visión sintética de esos cuatro procesos, se trata de ver qué cambios se han verificado en el trascurso de 150 años y qué queda pendiente del intento de esos cuatro retos históricos.

La historia, que se ocupa del pasado, puede ayudarnos a comprender y a encontrar soluciones para los problemas del presente. Es una afirmación hecha de numerosos historiadores, sociólogos y filósofos de la historia. Para un gran historiador y filósofo de la historia, el italiano Benedeto Croce, toda historia es historia del presente, se refiere al presente y solo partiendo del presente podemos comprender el pasado. Pero podemos realizar el proceso inverso, es decir, ¿comprender el presente partiendo del pasado? El problema como todos los problemas teóricos que presenta una disciplina como la historia, quizás no encuentre una solución definitiva. Sin embargo, hay una razón probablemente válida para todas las ciencias y es que, para comprender un problema en su desarrollo, un buen método -y no hay que olvidar que la palabra método en su origen quiere decir camino- es remontarse hasta sus orígenes, es decir, hacer su historia. Porque de todo lo que se desarrolla en el tiempo puede hacerse historia.

Finalmente, este ensayo termina recalcando que la salida de la guerra es hoy mucho más compleja que hace un siglo. Como ya se ha dicho, la construcción de un conjunto de instituciones tiene que ser producto de lo que otrora era un punto de llegada: procedimientos y principios democráticos. Hoy, diversos públicos internacionales y nacionales opinan que el fortalecimiento institucional debe venir acompañado de la inclinación hacia la resolución de los conflictos por la vía del diálogo y por la aceptación de que la organización de sectores críticos es indispensable para generar el aprendizaje de la democracia. Así el mensaje de estas posiciones es que sólo cuando aceptemos conflictos y actores fuertes podremos aprender lo que la democracia implica.


No es éste tiempo de estarse con los brazos cruzados, viendo desde la barrera el panorama colombiano como un tablero de ajedrez donde se mueven fichas inadecuadas. Debido a nuestra cultura inmediatista, todo, hasta lo más abyecto y preocupante, lo analizamos solo desde la superficie. No queremos ver la estrecha relación que existe entre el logro de la paz y el errático comportamiento del ciudadano.

 “Todos queremos la paz”,  el problema es cómo obtenerla. Nuestro país ha vivido en guerra desde la independencia de los españoles, salvo algunos períodos de relativa calma, de resto, los fusiles, los revólveres, las armas de fuego, los machetes, etc., etc., han llenado de sangre los campos y las calles de Colombia. Por diferentes motivos: la división partidista, el modelo de Estado (centralistas vs federalistas), el control de la tierra, el narcotráfico, la lucha insurgente, el terrorismo, las bandas organizadas, la delincuencia organizada y no organizada; mejor dicho, las balas han venido de todas partes y por múltiples razones.

Nuestra preciosísima libertad está amenazada, la patria corre peligro, y pide defensores: desde hoy todos somos defensores de la paz, los unos con la espada, y los otros con la pluma. ¿Qué diría de mí la patria? ¿Qué pensarían los buenos y los malos de mi silencio? ¡Yo mudo ahora!  ¡La chimba..! Mientras viva, seré un activista más. Cada instante es nuestra responsabilidad a escoger entre la guerra o la paz. Este privilegio también es nuestro. No solo de nuestro gobernantes, como tampoco de los grupos guerrilleros o paramilitares. La paz empieza en nuestro interior. Allí es donde comienza el debate. Nuestro corazón es la mesa de negociación. 

 

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