La desaparición forzada cumple una función central en la estrategia de “disuasión de la reivindicación”, a la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estado que está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa.
A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de no obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida oficialmente la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios.
Familiares, testigos, abogados y en general denunciantes de desaparición forzada, son sistemáticamente víctimas de amenazas, torturas, cuando no de asesinatos o víctimas ellos mismos de desaparición forzada: la fuerza pública y su herramienta paramilitar activan cualquier mecanismo para conseguir impunidad
