El país se está yendo al carajo y no hay nadie que pueda enderezar su rumbo. La vieja guardia política (desde extrema derecha a extrema izquierda, pasando por el obligatorio y retibio centro) no sirve absolutamente para nada. Sus miembros salpicados, enlodados y con procesos jurídicos no son, precisamente, un ejemplo a seguir; a menos de que sea un muy mal ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda?

Colombia ha llegado al borde del colapso total. Esto es una realidad. Si antes de la pandemia era posible “tapar con un dedo el sol”; la cuarentena ha sacado la verdad en una bandeja y la ha hecho comer a cucharadas bien amargas a los políticos, periodistas, jueces y demás ilustres representantes de la burocracia colombiana. Todo esto televisado por los medios a una población desesperada, desilusionada y aburrida de cualquier tipo de político y burócrata que, en teoría, le representa. Sin justificaciones lógicas ni planes claros y funcionales para solventar la situación, tan solo discursos sin fondo y proyectos sin estructurar e imposibles de realizar de base.

Las causas, el nudo y la soledad del abandono

Para hacer un resumen grosso modo, esto es lo que hay:

1. El estado, gracias a la privatización, NO es dueño de los recursos básicos suministrados al pueblo y, por ende, no es capaz de reducir y/o anular los cobros de los servicios públicos durante la cuarentena, cuando el pueblo está incapacitado para trabajar y generar ingresos, gracias a las medias tomadas por el mismo gobierno. Los dueños (que son privados – gracias a la privatización, valga la redundancia) anteponen sus propios intereses a los de la nación. Por ende, es imposible minimizar este impacto en el bolsillo ciudadano. AL contrario – lo que se ha denunciado es el incremento en TODOS los servicios públicos.
2. La oposición, en lugar de comprender la crisis que enfrenta el país, aprovecha la situación para – en lugar de ayudar – tratar de enlodar y dificultar aún más la situación del gobierno actual, poniendo en primero lugar NO los intereses y necesidades del pueblo y la nación, sino los suyos propios pensando en las elecciones a futuro.
3. El estado, en lugar de priorizar la estabilidad y seguridad de la nación colombiana, tiene como prioridad la agenda extranjera y los compromisos adquiridos (para bien o para mal) con diferentes fondos económicos y otros estados y asociaciones internacionales. Es decir, en Colombia mandan los intereses de Estados Unidos, Europa, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), diversos tratados de libre comercio (TLC), grupos económicos internacionales, sobre los intereses y prioridades de la Nación y el Pueblo.
4. Los intereses económicos de diversos grupos económicos colombianos (privados, claro está) tienen prioridad para el estado sobre los intereses de la Nación y el Pueblo.
5. Las leyes y la justicia en Colombia son selectivos, dependiendo de la clase social, influencia político económica y cuenta bancaria del que es juzgado. Hay justicia para el de ruana y hay justicia para el de cuello blanco (ya que “entre bueyes no hay cornadas”); sin contar la extrema corrupción que existe en los juzgados y la extorción a la que los abogados, escribanos y demás honorables juristas someten a los que se ven implicados en un proceso legal.

Todo lo anterior es la causa principal de los siguientes gravísimos problemas que socavan aún más la estabilidad de Colombia como Estado independiente y dificultan la ayuda al pueblo antes, durante y después de la pandemia:

1. a) Grupos guerrilleros.
2. b) Grupos paramilitares.
3. c) Narcotraficantes.
4. d) Crimen organizado.
5. e) Inseguridad y violencia considerados como crímenes “menores”.

Debido a lo anterior, la fuerza pública (policía y ejército), poco o nada pueden hacer para enfrentar esta violencia, ya que todos estos grupos (en menor o mayor grado) están protegidos por algunos representantes del estado quienes tienen intereses económicos para defender, o deudas que pagar. Los pocos casos en los que miembros de la fuerza pública han intentado denunciar y/o luchar en contra de esta situación, han acabado de forma lamentable para los denunciantes…

Para completar el panorama, los medios de comunicación son propiedad de y sirven únicamente a los políticos y/o grupos económicos que se encuentran en el poder y, paradójicamente, en lugar de proteger los intereses de la Nación (como dictaría la ética), se ven obligados a proteger “la mano que les da de comer”. En el mejor de los casos, superfluamente denuncian casos de corrupción, pero no les hacen seguimiento alguno. En el peor: “aquí nada ha pasado, a continuación, más deportes y más adelante les informamos de qué tamaño le quedó el busto a tal o pascual presentadora y se lo mostraremos desde diferentes ángulos”.

La situación es lamentable y parece totalmente insalvable. Básicamente Colombia se convirtió en un Feudo, dividido entre señores feudales, que hacen un teatro cada 4 años para mostrar al pueblo que él tiene el poder, cuando la realidad es muy distinta…

Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?

La verdad es que nadie. Para comenzar a solucionar la situación colombiana hay que aceptar esta simple realidad: NADIE NOS VA A AYUDAR SI NO NOS AYUDAMOS NOSOTROS MISMOS. Si vamos a tener fe que en que las siguientes elecciones tal o pascual político será la salvación y nos limpiará la basura de la cuadra, entonces NOSOTROS somos una gran parte del problema, ya que siempre podemos coger la escoba y barrer la cuadra, sin necesidad de político alguno…

1. Para comenzar, debemos revisar el sistema judicial en Colombia, así como los requisitos de los que acceden al poder. El sistema judicial debe ser 10 veces más severo con los políticos y funcionarios públicos corruptos que con el pueblo (actualmente es al revés). Hay que recordar un simple principio de la democracia que parece olvidado: Es el PUEBLO quien contrata a los políticos para realizar labores buscando beneficiar la Nación. Y si un político o servidor público comete actos de corrupción, lo hace en detrimento directo de los intereses de la Nación. Si este principio no es recordado, bien podemos olvidarnos del país y de la seguridad y estabilidad de los colombianos. Pero al hacerlo, ya no tendremos derecho alguno de reclamar, demandar o esperar algo del Estado.

Un funcionario público corrupto es equivalente a un violador de menores que han puesto bajo su cuidado. De acuerdo a la última propuesta, los violadores de menores deberían pagar cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad por sus actos. Los corruptos, también.

2. Hay que recordar qué es la NACIÓN COLOMBIANA y qué es lo que la compone. Estamos hablando de recursos naturales (renovables y no renovables) y el TERRITORIO (terrestre, aéreo y marítimo) que SON PROPIEDAD DE LA NACIÓN. En términos económicos, estos son ACTIVOS PROPIEDAD DE LOS COLOMBIANOS, que han sido privatizados, en su mayoría, por extranjeros. Básicamente Colombia ha regresado a la época de la Colonia gracias a la globalización y venta de lo que es propiamente de la nación y debe ser intransferible.
3. En este momento el país tiene una deuda externa gigantesca, casi imposible de pagar… Y si no se soluciona lo indicado en el punto 2, esta deuda tan sólo empeorará hasta llegar al punto de que los colombianos seamos esclavos del dueño de la deuda. Porque hay que tener en claro lo siguiente: la deuda externa la debemos todos los colombianos (así nunca nos preguntarán nuestros queridos políticos antes de pedir el crédito). Al privatizar los activos que son de la nación, el Estado minimiza o se queda sin ingresos. Por ende, se queda sin recursos para pagar los intereses de la deuda externa, no hablemos de las cuotas… Y esta cuenta nos la pasan a nosotros de diversas formas.

Hay que recuperar los activos de la nación para que los ingresos que generan vayan a las arcas de la nación y no a los bolsillos de estados, instituciones y compañías extranjeras. Si se generan los ingresos necesarios (y Colombia es uno de los países con mayores recursos en el mundo) y los activos se administran de forma correcta, es posible reducir esta deuda externa hasta saldarla completamente e invertir el excedente en el beneficio de la población.

4. Hay que normativizar el acceso a los cargos públicos. Todas las soluciones de los puntos anteriores son pañitos de agua tibios que no resolverán el meollo del asunto, la causa real de lo que sucede en el país: la corrupción tanto en los cargos públicos, así como la participación y encubrimiento ciudadano de la misma.

Mientras los funcionarios públicos sean susceptibles a corromperse (y todos los seres humanos lo somos en menor o mayor grado), no será posible sacar al país del atolladero en el que se encuentra. Las mismas leyes y beneficios de los cargos públicos se encargan de fomentar esa corrupción. Los salarios, primas, comisiones, beneficios y pensión vitalicia que reciben los funcionarios públicos han generado que las personas poco idóneas aspiren al cargo. La posibilidad de manejar el erario público, torcer contratos y vender activos sin tener una consecuencia, básicamente incitan a los que llegan al poder a aprovecharse de ello. Es por eso que una reforma a la justicia, enfocada en los servidores del pueblo, es tan importante. También hay que revisar los requisitos de los que llegan a los cargos públicos para minimizar que intereses personales o intereses de terceros influyan en su criterio a la hora de tomar decisiones.

Por ejemplo, considero que los siguientes puntos deben ser de obligatorio cumplimiento a la hora de postularse a un cargo público:

1. El aspirante y su círculo consanguíneo hasta tercer grado, durante su función como servidor público, NO puede tener ningún tipo de cuentas bancarias, bienes, empresas o acciones fuera del país.
2. El aspirante y su círculo consanguíneo hasta tercer grado, durante los últimos 20 años antes y durante su función como servidor público NO puede tener una nacionalidad diferente a la colombiana.
3. El aspirante y su círculo consanguíneo hasta tercer grado NO puede tener y/o ser propietario de empresas colombianas y/o grupos económicos.

Normativizar estos tres puntos no implica que la corrupción desaparezca, pero SÍ minimiza la posibilidad de que ocurra, ya que facilita el seguimiento de los activos del funcionario por parte de la justicia. Esto dificulta al funcionario que se sienta tentado de desviar fondos y/o recursos para su beneficio o recibir pagos de terceros que le será muy difícil justificar.

Un resumen poco esperanzador

Para “sacar adelante” a Colombia necesitamos de muy poco:

1. Reforma a la justicia enfocada en castigos fuertes y reales a los funcionarios públicos corruptos.
2. Reforma a la normativización para ser elegible como funcionario público.
3. Cambiar la clase política actual, ya que el 90% no cumpliría los requisitos del punto 2.
4. Comprender que Colombia es de todos los colombianos, y no de un grupo selecto de propietarios o empresarios; y comenzar a actuar en consecuencia.
5. Priorizar los intereses de Colombia sobre los demás países y/o intereses privados de grupos económicos, políticos o institucionales tanto nacionales como extranjeros.

Seamos sinceros: ¿Cree que eso es posible?

Julio 16, 2020

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